El precio que tuve que pagar por pedir una muerte digna

  ha sido, por bastantes años, Observadora y Activista de DD.HH. en Chile. Sin quererlo, ha debido soportar el mismo calvario que han cargado los presxs políticxs de la Rebelión Popular: contra su propia voluntad debió permanecer recluida en el Hospital San José, el cual fue poco a poco retirando el apoyo médico que consistía en catéteres, suministros de morfina y tratamientos incluso de médicos y enfermeras. Presentamos el testimonio de ella misma, ahora desde su casa, en donde afirma que la lucha debe continuar. Y es que lxs rodriguistas saben de luchas.

COMO TODOS SABEN, en diciembre del 2020 puse un Recurso de Amparo que, de forma inédita, fue declarado admisible por la justicia chilena para pedir la Eutanasia. Tenía fe y creía que la justicia entendería mi dolor y mis múltiples enfermedades.

Por cosas del destino, justo en noviembre se me infectó el catéter  que usaba para hacerme transfusiones de plasma por mi déficit al factor VII que me causa una coagulopatía severa… esta septicemia se fue a mi torrente sanguíneo.

Pero mi ilusión y el saber que tenía la esperanza de que me concedieran mi tan anhelada muerte digna estaba en mi corazón; hoy, me enteré de que la Corte de Apelaciones la rechazó. Sin embargo, ahora con mi abogado me voy a la Corte Suprema a seguir esta lucha que no me da tregua para poder descansar.

Durante mis tres meses de hospitalización tuve que lidiar con muchas infecciones intrahospitalarias que me provocaron otras dos septicemias más. Por si fuera poco, tuve muchos sangrados, incluso hasta el mismo día que me liberaron y pude volver a casa.

Si no fuera por mi familia revolucionaria —que organizaba y concurría a marchas y actos mandándome fuerzas— además de mis hijos que me podían visitar una vez por semana, la verdad es que me hubiera venido abajo.

Sufrí la discriminación de algunos médicos tratantes y funcionarios de la salud. Aclaro que son algunos, ya que médicos con vocación son contados con los dedos de una mano siendo que Doctores no son. Dudo que tengan un doctorado, como mucho y con cueva tendrán una especialidad.

También escuché cómo se referían a mi persona en los pasillos. Lo encontré tan humillante…

Reconozco que firmé la Limitación del Esfuerzo Terapéutico (LET) en la que quedó muy explícita la orden que consistía en No Reanimar, No Intubar y, mucho menos, realizar alguna maniobra de resucitación. Esa misma diostora —que tanto miente con que me saqué el catéter y lo vuelvo a repetir: tengo certificado de mi médico tratante donde acredita que nunca me saqué ese maldito catéter— bajó de su Olimpo y me intubó, pasando a llevar mi decisión y autonomía.

Aún no logro entender cómo existen médicos tratantes tan mala clase y con tal cara de raja para mentir sin importar el daño que le hacen al paciente. ¿Tendrán conciencia? ¿Sabrán el daño moral que causan?

El costo de pedir una muerte digna fue muy caro y cruel: intentaron doblegar los derechos que exigí como paciente y trataron de hacerme perder autonomía para decidir —por ejemplo— cuál médico tratante quiero o ver mis exámenes para poder opinar sobre mi tratamiento a seguir. Por algo tan simple… eres paciente conflictiva y es mejor tenerte aislada.

Quiero pensar que fue casualidad —y no de tan mala leche— que pusieran a un genocida de lesa humanidad a dos salas de distancia de la que me encontraba yo, separados a metros por un corto tramo de pasillo; aun sabiendo el daño psicológico que me causaba el asesino y autor de la desaparición de mis cinco hermanos rodriguistas…

¡En mi ficha médica estaba mi pasado y cómo me lo hacían revivir estos esbirros!

En una de esas tantas reuniones médicas que se hacían para exponer las novedades de mi caso, después de aquella realizada una semana antes de mi liberación se me informó que no me volverían a poner otro catéter, con lo cual me dejarían sin poder hacerme transfusiones de Plasma Fresco Congelado (PFC); en esas condiciones me mandarían para mi casa: con sangrados y fuertes dolores.

Sin importar que el fallo señala: ‘Sin perjuicio de lo anterior el Hospital San José recurrido, en el caso de que la recurrente ya mencionada debiere ser trasladada a su domicilio, en el evento de que llegue a concretarse su alta, deberá proporcionar los mecanismos para procurar que la paciente pueda seguir asistiendo a sus transfusiones, debiendo para ello ser trasladada por vehículos del hospital, o incluso ser asistida por personal de salud en su mismo domicilio, a través de la unidad de hospitalización domiciliaria, tal como fue ofrecido en los respectivos informes’.

Parece que el ofrecimiento del hospital quedó en nada y fueron sólo palabras de buena crianza para la Corte…

Me tuvieron retenida por una mala interpretación de la ley 15 días contra mi voluntad. ¡15 días robados! Si no fuera por la Corte De Apelaciones que de forma unánime dictó su fallo a mi favor…

En fin, la lucha aún continúa para hacer respetar los derechos de los pacientes.